No son días fáciles en el Instituto Nacional de Deportes (IND). Tras conocerse un informe de Contraloría que dio a conocer serias irregularidades en la construcción del futuro Parque Estadio Nacional con miras a los Juegos Santiago 2023, otro informe entregado hace casi un mes detectó una serie de graves irregularidades en los procesos de compra por parte del ente estatal durante el año 2020.
El documento, al cual tuvo acceso El Deportero, indica que Contraloría encontró la «falta de imposición y cobro de multas al proveedor IMPORT EXPORT HARTHEY LTDA por incumplimientos en los plazos de entrega de los productos o servicios, por un total de $5.096.490«.
El IND contrató a IMPORT EXPORT HARTHEY LTDA con la finalidad de adquirir e instalar «implementos de POWERLIFTING para entrenamientos promesas Chile, Marca ELEIKO, por un monto de $ 158.400.000.«. En la investigación del ente contralor, se determinó que la empresa no cumplió con los plazos de entrega de los bienes contratados por lo que el IND debía cobrar una multa de $5.096.490, la cual no se cobró.
De acuerdo al documento, el IND indicó que la compra se entregó en dos partes: La primera cumpliendo los plazos mientras que la segunda llegó con un atraso de 49 días con respecto a los plazos definidos en el contrato.
Otra irregularidad indicada en la investigación de Contraloría tiene que ver con la contratación de la empresa JCA SECURITY LTDA, la cual actualmente cumple trabajos de vigilancia y resguardo de las dependencias del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. De acuerdo al documento, el IND «omitió el proceso de licitación pública« contratando a la empresa de seguridad «por un total de $234.500.051, al margen del procedimiento establecido al efecto en el artículo 5° y siguientes de la ley N° 19.886, y sin que se suscribieran los respectivos contratos«. Recordemos que las irregularidades en el contrato de esta empresa de seguridad ya habían sido denunciadas tanto por la ANFUCHID como por algunos parlamentarios a principios del año 2021.
Por su parte, el informe también indica que «no se acreditó la causal invocada -la prevista en el artículo 10, numeral 7, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda- para la contratación directa de la prestación de “servicios de consultoría estudio de priorización de inversión en infraestructura deportiva” con la empresa Allard Asociados SPA, aprobada mediante la resolución exenta N° 915, de 18 de marzo de 2020, por un monto total de $166.845.000.». En otras palabras, el IND «fundamenta la experiencia comprobada de la empresa con la cual se contrata«, sin embargo «no acredita lo afirmado en orden a que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida a dicha entidad».
El informe también constató que el IND «efectuó pagos a determinados proveedores con retraso -de hasta 19 días fuera del plazo establecido para ello-, por un monto total de $34.800.000«, además de desfases en el ingreso de facturas al sistema SIFGE II, lo que llevó a que la Tesorería General de la República pagara a los proveedores sobrepasando el límite de 30 días corridos desde la recepción de las facturas. Además, el IND realizó en mayo de 2021 el registro contable de pagos efectuados a proveedores por la Tesorería General de la República en el mes de enero del mismo año.
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Escrito por Daniel Arellano
Foto: Archivo